LA VALIDEZ PROBATORIA DEL INFORME DEL DETECTIVE

partial-retirement-1155468__180Existe gran problemática en los despachos de detectives en Sevilla sobre cómo debe ser el informe de un detective privado, pues como en la iglesia hay muchos doctores, en el mundo de la investigación, existen diversos paradigmas de cómo se debe elaborar un informe de un detective privado y de su valor probatorio.

Según STC de 16 de julio de 1990; ATC 262/1998, de 29 de febrero; ATC de 3 de mayo y de 16 de julio de 1990, “Cualquier reflexión sobre el valor probatorio, en nuestro ordenamiento jurídico, de los informes elaborados por los detectives privados, debe partir del reconocimiento expreso de que, en la práctica forense, tales informes son admitidos habitualmente como medio de prueba. El informe del detective, debidamente ratificado en juicio, resulta incluso prueba suficiente, por sí misma, para fundamentar una sentencia condenatoria”, dejando de forma bastante clara cuál es el valor de un informe redactado por un profesional de la investigación privada debidamente cualificado. En conversaciones con muchos profesionales de la abogacía, hemos llegado a una conclusión: El Derecho Civil es la base de todos los derechos. De esta manera, la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) otorga carta de naturaleza al informe del detective y constituye el punto de partida de su estatuto jurídico-procesal en nuestro Derecho. En el Derecho comparado, tiene especial interés el tratamiento que la figura del detective recibe en el Código de procedimiento penal italiano de 1989 (que configura al investigador como una especie de “policía judicial” privado), en cuya regulación se inspiró el legislador español de la LEC. No resulta en absoluto descartable que la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal se le otorgue carta de naturaleza jurídica al informe realizado por un profesional debidamente habilitado de la Investigación Privada.

La admisión de las prueba de un detective privado no constituye una violación del derecho fundamental a la intimidad (STC de 16 de julio de 1990), por lo que no puede ser tachada como prueba de valoración prohibida a los tribunales, es en este punto donde depende del contenido del informe y de la forma de obtener las pruebas, donde se valorará dicha prohibición. Si los datos revelados por el informe afectan, por ejemplo, al derecho a la intimidad (protegido por el art. 18.1 CE) o fueron obtenidos mediante la interceptación, por ejemplo, de una comunicación telefónica o electrónica, el informe vulnerará derechos fundamentales y, por consiguiente, no podrá ser valorado por los Tribunales (art. 11.1 LOPJ). A tenor de esto se entiende que no surtirían efecto las pruebas obtenidas violando los derechos fundamentales, además, estos hechos pueden ser constitutivos de delito (en el caso propuesto hablamos del art, 197.1 del Código penal). Un ejemplo de lo expuesto anteriormente lo podemos fijar en el supuesto de una pareja dándose un beso en el interior de una habitación de un hotel y captado por un teleobjetivo, sería una violación del derecho a la intimidad personal y a la propia imagen, protegidos por nuestra constitución en el articulo 18.1. El respeto a esos preceptos constitucionales constituyen la eficacia del detective privado.

Actualmente en el ámbito civil se está admitiendo como prueba el informe del detective privado, sin ninguna cortapisa por parte de los juzgados, pues éstos se encuentran adaptados a la legalidad. Estos informes, además, suelen ser ratificados en los juzgados por los detectives privados, ya que su figura jurídica tiene naturaleza de testigo cualificado en cualquier proceso judicial.

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