LEGISLACIÓN Y DETECTIVES

legal-1143114__340La profesión de detective privado ha tenido un desarrollo evolutivo muy lento en  nuestro país. En el año 1951 la Orden del Ministerio de la Gobernación de 17 de enero reglamentaba las actividades de las llamadas Agencias Privadas de Investigación. Más tarde, en el año 1981, se promulgó la Orden del Ministerio del Interior de 20 de enero de 1981 regulaba la profesión de Detective Privado y una Resolución de 11 de  mayo que dictaba instrucciones en ejecución de la Orden anterior; además se dictó la  Orden de 30 de enero, por la que se facultaba al Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid para establecer el curso de Investigadores  Privados.

En la primera orden ministerial observamos que las cosas no distaban mucho de la reglamentación actual, sin antecedentes penales, prohibición de investigar delitos públicos, sometimiento y colaboración con las unidades policiales, sistema de sanciones, referencia al número profesional en la publicidad. Más adelante en 1981 la nueva norma cambió poco las cosas, pero el cambio de régimen exigía una norma que regulara esta profesión, sin referencias a la dictadura.

Con la democracia en pleno desarrollo, por fin, se regula la profesión de  Detective Privado a través de un elemento digno y lógico como es la Ley de Seguridad Privada, continuando con un Real Decreto y terminando con una Orden, todo ello gestado en el Ministerio de Justicia e Interior, siendo el proceso legislativo el siguiente: Ley 23/1992, de 30 de Julio, B.O.E. n° 186 de 4 de Agosto de 1992, Real Decreto 2.364/1994, de 9 de Diciembre, B.O.E. n° 8 de 10 de enero de 1995 y corrección de errores en B.O.E. n° 20, de 24 de enero de 1995 y la Orden Ministerial de 7 de julio de 1995, B.O.E. n° 169 de 17 de julio de 1995 y corrección de errores en B.O.E. n° 220, de 14 de septiembre de 1995. Por último, está promulgada una Resolución del Ministerio de Justicia e Interior de fecha 19 de enero de 1996, publicada en el B.O.E. de 31 de enero del mismo año que regula las materias que se deberán impartir en los Institutos de Criminología para la obtención del título de Detective Privado. El RD123/2001, de 19 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre. Esta ley y sus correspondientes ordenes ministeriales supusieron una normativa más actualizada para el sector, si bien gran parte del mismo no comprendió la dependencia que surgía del Ministerio del Interior, pues para los mismos encuadraría más la actividad si la dependencia fuera hacia el Ministerio de Justicia, pero sin ninguna duda delimitaba muy claramente la figura del detective Privado y sus funciones, con la intención de acabar con la lacra del sector, el intrusismo.

La lógica evolución de la sociedad y de sus inquietudes provocaron que la ley del 92 quedara obsoleta, pues entre otras cosas era necesario regular la seguridad informática. A todo esto había que añadirle un malestar entre los profesionales del sector de la seguridad privada, pues la ley 23/92 no satisfizo a nadie, iniciando de esta manera la gestación de la actual Ley de Seguridad Privada 05/2014 de 4 de abril.

Esta ley de 2014 no presenta muchos cambios en cuanto a lo esencial en materia de investigación privada, pero algunos son significativos, como son la obligatoriedad de asistencia a juicio para la ratificación de su informe, y la obligatoriedad de redacción de informe para posterior entrega del mismo al cliente.

Actualmente nos encontramos en fase de elaboración del reglamento que desarrolla la Ley 05/2014, y este es el quid de la cuestión para los profesionales de la investigación privada, pues diversos acontecimientos mediáticos acaecidos en los últimos años, provocaron la adaptación de medidas que significan la desaparición de muchos despachos de detectives, sirva como ejemplo la obligatoriedad de adoptar sistemas de seguridad desproporcionados y costosos o suscribir un crédito-caución para poder abrir despacho de detective privado. Sustancialmente estas medidas representan un escollo para los profesionales, ya que en estos tiempos de crisis que vivimos en España, elevar la carga de gastos para un autónomo (90% del sector), supone, como se ha dicho antes, la desaparición de la mayoría de los despachos de detectives privados de España, robándoles así la identidad de imparcialidad y confidencialidad que ha caracterizado a los detectives privados españoles durante toda su vida.

En Logia Detectives en Sevilla, nos adaptaremos a las medidas que se nos exija desde el Ministerio del Interior, para poder siempre atender y asesorar a nuestros clientes de la forma más profesional que existe, teniendo la completa seguridad que su investigación privada se encuentra en las mejores manos.